El Senado aprobó la reforma al outsourcing.
Por una amplísima mayoría de 118 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, la cámara dio el visto bueno en lo general a las modificaciones legales que limitan la subcontratación de personal a servicios o ejecución de obras “especializados” y la prohíben para actividades esenciales que formen parte del objeto social o del modelo de negocio de la empresa.
La prohibición se aplica también al sector público.
El paquete aprobado implica la modificación de seis leyes y de la Constitución. Además de restringir los escenarios en los que es posible la subcontratación, la reforma obliga a las agencias de colocación a registrarse en un padrón público y a las empresas que recurran a sus servicios, a ser responsables “solidarias” en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales o fiscales.
Además se limitará el reparto de utilidades entre los trabajadores de las empresas a tres meses de salario, que también se incluyó en el paquete votado.
López Obrador presentó la iniciativa en noviembre como una medida para combatir la precariedad laboral y los abusos que se cometían en la subcontratación
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2018, México cuenta con más de cuatro millones de trabajadores subcontratados y ya representan alrededor del 17% de la fuerza laboral, un porcentaje que se ha duplicado en década y media.
A la par de este crecimiento, han aflorado prácticas que están en el límite de la legalidad o que directamente la incumplen, como es la declaración por parte de las empresas de una parte mínima del salario real del trabajador para así pagar menos en cotizaciones a la Seguridad Social.
Con información de El Pais
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