A partir de la contienda de 2021, en el Estado de México no podrán candidatearse quienes tengan sentencia ejecutoria por violencia política contra las mujeres, por violencia familiar y delitos contra la libertad sexual, o sean deudores alimentarios.

«Se reforman otros ordenamientos para que no ocupen cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual”, detalla  en comunicado de prensa el Congreso local sobre la reforma aprobada por unanimidad.

La Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021″, detalla el dictamen.

La reforma aprobada el pasado jueves 13 de agosto se gestó por la  iniciativa de las diputadas de Morena, Karina Labastida y Mariana Uribe, y también busca la paridad de género en el gabinete del ejecutivo del Estado de México y organismos auxiliares.

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