De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un sindicato es una asociación de personas trabajadoras o empleadores creada para el estudio, mejora y defensa de sus respectivos intereses. Esto se logra principalmente a través del contrato colectivo de trabajo, un acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores, o entre sindicatos de empleadores. Este contrato establece las condiciones bajo las cuales se debe prestar el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
Los contratos colectivos de trabajo incluyen una serie de elementos, entre ellos las prestaciones de carácter social, que son cada vez más relevantes porque van más allá del cumplimiento del pago de salarios o la regulación de la jornada laboral. Estas prestaciones contribuyen al bienestar integral del trabajador y, en muchos casos, de su familia. Algunos ejemplos incluyen:
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Ayuda de gastos funerarios
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Gastos de útiles escolares
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Fomentos al deporte o cultura
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Realización de cursos para la prevención y combate de delitos como trata de personas
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Salud preventiva
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Igualdad de género
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Prestación de servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y eventualmente hospitalarios, guarderías infantiles
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Lugares de descanso
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Concesión de becas para los trabajadores o sus hijos
Deducción de prestaciones sociales
De acuerdo con el principio laboral de primacía de la realidad, equivalente al principio de materialidad en materia fiscal, el contrato colectivo debe especificar claramente el monto que el patrón entregará al sindicato y la obligación de este último de comprobar que los recursos se utilizaron conforme a lo acordado.
Esto significa que el sindicato debe documentar el destino de los recursos y proporcionar al patrón la evidencia correspondiente, especialmente en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Además, debe demostrar el impacto positivo que estas prestaciones han tenido en la productividad de los trabajadores y la organización en su conjunto.
Por otro lado, las empresas o los patrones pueden cumplir con el requisito de “estrictamente indispensable” de los gastos previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que es necesario para la deducción fiscal.
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